Ciudadanía, llave maestra de la libre circulación y residencia, por Miguel Verdeguer

Published: 26 November 2013

El derecho a la libre circulación y residencia en un Estado miembro distinto del de origen se constituye no solo como uno de los derechos más característicos del ordenamiento jurídico de la Unión Europea sino como un derecho inherente a la propia condición de ciudadano de la Unión. No obstante, este derecho no ha permanecido inalterado con el tiempo sino que ha sido objeto de numerosos cambios paralelos a la propia evolución del proceso de integración.

La firma en Roma del Tratado de la Comunidad Económica Europea en 1957 supuso el nacimiento de una zona de libre comercio entre los Estados firmantes del acuerdo. El innegable y marcado carácter económico del Tratado de Roma exigía la adopción de un derecho que permitiera al nacional de un Estado miembro poder entrar y residir en otro distinto del de origen para el desempeño de actividades económicas. De esta manera, el Tratado quedaba ligado necesariamente al derecho a la libre circulación del trabajador y, por tanto, a la distinción entre “inmigrantes económicos” y  “no económicos”.

En este sentido, se consideraba inmigrante económico a aquella persona que se trasladaba a otro Estado miembro con la finalidad de ejercer en él una actividad económica, ya fuera por cuenta ajena o por cuenta propia, al cual el Tratado de la Comunidad Económica Europea le reconocía directamente el derecho de entrar y residir en el Estado miembro de acogida. Por el contrario, aquél cuyo desplazamiento no quedaba vinculado a asuntos laborales quedaba sujeto a los diferentes regímenes migratorios nacionales y, por tanto, desprotegido fuera del paraguas del Derecho Comunitario.

Sin embargo, a pesar de las ventajas que supone la movilidad laboral en el territorio de los distintos Estados miembros, la vertiente económica de este derecho no colmaba las aspiraciones de un proyecto que buscaba y busca la igualdad en el bienestar de toda persona y, por tanto, la generalización del derecho del que estamos hablando a los restantes nacionales de cada Estado miembro. De esta manera, a comienzos de la década de los 90’, el objetivo político de integración se fue abriendo camino para dar luz verde a una serie de directivas que recogían un derecho de residencia similar al de los inmigrantes económicos. Ahora bien, el derecho regulado en dichas directivas estaba condicionado al cumplimiento de un doble requisito: por un lado, disponer de un seguro médico que permitiera cubrir los gastos que pudiera ocasionar una eventual enfermedad durante el período de estancia en el extranjero; y, por otro, disponer de recursos económicos suficientes para no suponer ningún tipo de carga económica para el Estado receptor. De ser cumplidos estos derechos, el inmigrante no económico dispondría de un derecho de residencia reconocido por este derecho derivado. No obstante, la incondicionalidad de la libre circulación y residencia no tardaría en llegar. 

Así pues, el paso más importante en la evolución de este derecho fue sin duda la creación del estatuto jurídico de ciudadano de la Unión a través de la firma en Maastricht del Tratado de la Unión Europea, ya que supuso el reconocimiento de una relación de derechos comunes a todos los nacionales de los Estados miembros, el primero de los cuales, en cuanto al orden en que aparecen regulados, es el derecho de libre circulación y residencia. 

La ciudadanía de la Unión supuso un avance sin precedentes en el proceso de construcción europea, y en lo que a la libre circulación y residencia se refiere. Las reformas legales operadas en Maastricht legitimaron a Consejo y Parlamento para llevar a cabo el desarrollo jurídico posterior de este derecho, que permitió definitivamente, dejar de hablar de “agentes económicos” para hablar de ciudadanos como sujetos políticos y agentes de la construcción europea. 

De esta manera, el Tratado de la Comunidad Económica Europea, desde Maastricht Tratado de la Comunidad Europea y, desde Lisboa, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,  dispuso lo siguiente: 

<<Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en el presente Tratado y en las disposiciones adoptadas para su aplicación>>

Este artículo sentó la base jurídica de la que se nutre el derecho del que hoy todos disfrutamos al generalizarlo a todos los nacionales de todos los Estados miembros a través de un vínculo común que es la ciudadanía.

La naturaleza evolutiva del proyecto europeo en aras de un mayor bienestar de sus ciudadanos queda reflejada en el cambio paulatino del derecho a la libre circulación y residencia dentro del territorio de la Unión. Los indiscutibles beneficios de este derecho se deben al trabajo constante de las instituciones europeas en pro de su ciudadanía, la cual ha sido, es y será, nuestra mejor garantía de futuro para la igualdad y el pleno disfrute de todos nuestros derechos.

 

 

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